Con el apoyo unánime del bloque de la Unión Cívica Radical el Senado aprobó la iniciativa que busca financiar a las universidades públicas de todo el país. El proyecto de ley, que venía con media sanción de la Cámara de Diputados, asegura los fondos necesarios para cubrir gastos de funcionamiento y mejorar los salarios de docentes y no docentes universitarios, en un contexto de crisis económica que ha afectado gravemente a las instituciones educativas.
El senador Víctor Zimmermann, subrayó la importancia de actualizar los presupuestos destinados a las universidades públicas: “Hemos observado una caída significativa en las transferencias a las universidades nacionales. Esto, a su vez, ha impactado en los salarios de nuestros docentes y no docentes universitarios, que han sufrido una disminución del 32% en promedio”. “Es necesario que, como cuerpo, consideremos una actualización del gasto de funcionamiento, teniendo en cuenta su finalidad y función, ya sea para ciencia, técnica o salud, y especialmente en lo que respecta a la necesidad de ajustar los salarios de docentes y no docentes para que puedan recuperar su poder adquisitivo”, añadió.
Por su parte, el senador Eduardo Vischi enfatizó el rol histórico de la UCR en la promoción de la educación pública y gratuita en Argentina: “Este incremento del presupuesto destinado a nuestras universidades públicas no se trata solamente de números o de partidas presupuestarias. Se trata fundamentalmente de pensar el futuro como sociedad, el futuro que queremos como país”, afirmó Vischi. “Si hay algo que nos iguala es la educación. Y no solo nos iguala, sino que también está comprobado que la educación nos hace crecer”, continuó. “Si no les damos los recursos a las universidades, lo más probable es que nuestro sistema educativo se deteriore, que no haya investigación ni innovación; y esa visión de un futuro próspero de la Argentina se va a desvanecer. Es fundamental que estemos a la altura de las circunstancias en la que estuvieron aquellos que en su oportunidad también lucharon por esos cambios tan importantes para nuestra educación”, concluyó.
El debate también contó con la intervención del senador Martín Lousteau, quien contextualizó el proyecto dentro de la situación económica del país. “Estamos discutiendo el financiamiento de las universidades en medio de un contexto donde el gobierno nacional recibió un desastre económico, con inflación galopante, déficit y reservas negativas. Había que ordenar eso, porque cuando el Estado se desordena, se desordena la economía, y cuando se desordena la economía, se desordena la vida familiar”, explicó Lousteau. El senador destacó la necesidad de equilibrar las políticas de ajuste con el fortalecimiento de las universidades como “vectores de la transformación de la sociedad argentina”.
El senador Flavio Fama también aportó su visión sobre la necesidad de esta ley, destacando la responsabilidad del Congreso en asegurar el financiamiento adecuado para las universidades. “Lo que nosotros estamos haciendo hoy acá es cumplir con la responsabilidad constitucional de asegurar presupuestos y autonomías a las universidades nacionales. Este proyecto no busca incrementar los presupuestos de las universidades nacionales; busca resguardar, por un lado, los gastos de funcionamiento de nuestras universidades y, por otro, la recomposición salarial de los trabajadores universitarios”, manifestó Fama. “1.500.000 argentinos, jóvenes que esperan tener un futuro, están en las universidades públicas. Las universidades públicas son el 75 por ciento –como mínimo– del sistema. Las universidades públicas son las que llevan más del 90 por ciento de la investigación y desarrollo en la República Argentina. Son las instituciones que los argentinos han abrazado como una esperanza de un país mejor”, concluyó.
Con este respaldo unánime del bloque radical, el Senado dio un paso significativo para garantizar el financiamiento necesario que permita a las universidades nacionales continuar su labor educativa y de investigación en un contexto de crisis económica. El proyecto se convierte así en una herramienta esencial para asegurar la educación pública y gratuita como un derecho, un principio que los senadores de la UCR defendieron con firmeza durante el debate.
