En una sesión pública especial, senadores radicales respaldaron dos normas orientadas a actualizar el marco legal frente a nuevas demandas sociales: cambios para fortalecer el empleo formal y un régimen penal juvenil con sanciones proporcionales, garantías y enfoque socioeducativo.
El Senado avanzó con la aprobación de dos leyes que el Bloque de Senadores Nacionales de la UCR consideró claves para modernizar herramientas del Estado y dar respuestas concretas a problemas que atraviesan a las familias argentinas: la Ley de Modernización Laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil.
En el debate sobre responsabilidad penal juvenil, las intervenciones del bloque pusieron el foco en un abordaje integral que combine límites claros, justicia efectiva y políticas de reinserción. La senadora Gabriela Valenzuela (Corrientes) sostuvo que “si el delito existió debe ser penado: negarlo no lo hace desaparecer”, y remarcó que el objetivo es evitar salidas meramente punitivas: “Lo que no podemos es condenar a los jóvenes a pasar su vida tras las rejas: debemos reeducarlos para reinsertarlos socialmente”.
El jefe de bloque, Eduardo Vischi (Corrientes), planteó la necesidad de recuperar reglas compartidas para reconstruir la convivencia social: “Debemos reconstruir el contrato social para que los jóvenes sientan que hay un futuro mejor, pero cuando un menor comete un delito no podemos decir ‘no pasa nada’”. En esa línea, subrayó el reclamo de quienes sufren el delito: “Esta ley es necesaria y es un pedido de las víctimas, de las familias argentinas y de toda la sociedad”.
Desde una perspectiva institucional, el senador Maximiliano Abad (Buenos Aires) señaló que el nuevo régimen “representa un gran avance en términos institucionales porque coloca en el centro a la educación y a la resocialización”. A su turno, el senador Flavio Fama (Catamarca) advirtió que el debate excede una discusión puntual: “Hoy no estamos discutiendo un número, sino cómo responde un Estado democrático cuando fracasan las otras instancias: la casa, la escuela, las políticas públicas. El nuevo régimen hace que la Argentina se alinee con estándares internacionales”. También explicó su posición a favor al afirmar: “Este proyecto baja la edad de imputabilidad y obliga a que la privación de la libertad se realice en centros diferenciados”.
La senadora Silvana Schneider (Chaco) aportó un dato de su provincia para graficar la urgencia del tema y reclamó dejar de mirar para otro lado ante la participación de menores en hechos delictivos. En el mismo sentido, la senadora Carolina Losada (Santa Fe) sostuvo que “el crimen cambió y tenemos que adaptarnos a la realidad que tenemos hoy. No podemos seguir con leyes y con reglas de juego del siglo pasado”.
En paralelo, el Senado sancionó la Ley de Modernización Laboral, planteada como una actualización necesaria para acompañar transformaciones de la economía y del mundo del trabajo, con el objetivo de aportar previsibilidad, promover empleo formal y dar un marco más claro para el desarrollo del sector productivo.
Al fundamentar el acompañamiento del bloque a ambas normas, los senadores radicales coincidieron en la necesidad de políticas que combinen derechos con obligaciones, con instituciones más eficaces y herramientas modernas para cuidar a la sociedad, prevenir la violencia y abrir oportunidades reales, especialmente para los jóvenes.
